domingo, septiembre 28

Balas, impunidad o legalización: las rutas de la droga

por Luciano Pascoe Rippey

Más vivo que nunca está el debate sobre la ruta y las formas en las que el estado mexicano debiese enfrentar al crimen organizado y en particular al relacionado con el narcotráfico. Frente a los trágicos eventos de Morelia, el debate se reaviva frente a la nítida sensación de que no importa que haga el gobierno federal –y cualquier local para el caso- no parece haber solución.

Las ejecuciones siguen su ritmo espeluznante de sangre, las fosas con albañiles ejecutados nos recuerdan el costo de construir ‘algo’ lo que sea para estas bandas, encajuelados, policías muertos – unos por buenos, otros por muy malos-, y cada vez más violencias aparece en nuestras televisiones, diarios y noticieros. El país esta cubierto de un manto de desesperanza, incertidumbre que viene trágicamente acompañada de la peor crisis financiera de los Estados Unidos de las que yo tenga memoria.

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La responsabilidad de los partidos

por Miguel González Compeán

En las semanas precedentes, la agenda estuvo plagada de comentarios y alusiones a los lamentables hechos de Michoacán. El asunto se ha tratado de maneras tan diversas y variadas que ha quedado una buena parte para la especulación, especialmente, con respecto a los motivos, responsables e involucrados en los acontecimientos. El ruido ha sido tal, que con pasmosa displicencia y egoísmo, los partidos políticos se han limitado a condenar el hecho de manera superficial y a manifestar posiciones y sugerencias que han llegado hasta la estupidez.

Pocos son los que han pedido que se vaya al fondo del problema. Los que piden que se atienda el origen, y no se trate de atender la enfermedad, de forma inmediata y superficial, (el PSD fue uno de los pocos que pedía esto en Los Pinos, en la más reciente reunión). Lo cierto es que en efecto, se ha ofrecido un modesto apoyo al Presidente y a su estrategia en el combate a la delincuencia organizada; y más bien se han ofrecido críticas exageradas a los aparatos del Estado y, en especial al Cisen, por no actuar de una forma que, si leyeran la Ley de Seguridad Nacional, sabrían que no es posible.

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